El intrusismo laboral, una lacra que puede y debe ser perseguida
¿Tendría sentido un registro oficial donde los profesionales se apuntaran voluntariamente con el número oficial de su titulación incluido?
Soy Vidal Somohano, y quiero hablarte de un tema que me enciende: el intrusismo laboral. No me refiero al primo que pone azulejos sin ser albañil, sino a esos pillos que se inventan titulaciones, se adornan con credenciales que nunca conquistaron y se cuelan en las empresas como si fueran eruditos. Es un timo que no solo traiciona la buena fe, sino que puede tirar por la borda la reputación de una compañía en un santiamén. Y no, no es un drama exagerado: entre 2023 y 2025, este asunto ha florecido como las malas hierbas, regado por la compra de títulos falsos y la picaresca de algunos que no conocen el pudor.
El intrusismo laboral surge cuando alguien proclama “soy ingeniero”, “tengo un máster en administración” o “estudié Derecho”, pero su diploma es tan auténtico como un unicornio. ¿Cómo lo logran? Algunos compran certificados en webs sospechosas –¡un mercadillo digital de pergaminos!–, otros mienten en el currículum con descaro, y los más astutos dicen “he cursado tal carrera” sin aclarar que abandonaron en primero, o que lo único que pisaran fuese la cantina de los bajos universitarios.
El psicólogo laboral Javier Martín lo tiene claro: “la urgencia por destacar en un mercado salvaje empuja a algunos a falsear su formación” (*Psicología del Trabajo*, 2022). Pero, ¿y si cortáramos el grifo a esta farsa?
Imagina una base de datos pública, accesible a empresarios, donde las referencias académicas dejen de ser un enigma privado. Y más aún: un archivo oficial de consultas donde los trabajadores se apunten voluntariamente, con el número oficial de su titulación incluido, para que las empresas lo verifiquen sin rodeos.
Los títulos más falsificados entre 2023 y 2025 son Ingeniería (civil e informática), Medicina, Administración de Empresas y Derecho, especialmente asesores laborales
Quien no se registre podría estar ocultando algo –o no–, pero al menos habría claridad. Si tras una entrevista no se exige esa titulación, que haya consecuencias: multas, sanciones, algo que realmente aparte a esta lacra de un mercado laboral que adolezca por la carencia de profesionalidad. Porque no quita que existan profesionales brillantes sin título, pero al menos que deberían admitirlo abiertamente. El daño es brutal, y no es para menos. Una empresa que ficha a un falso asesor laboral –¡ojo, que el Derecho es de los más castigados!–, o a un supuesto médico sin formación, no solo arriesga su prestigio, sino que juega con la seguridad de todos.
En 2023, una constructora en Madrid frenó un proyecto millonario al descubrir que su “ingeniero jefe” había comprado su título por 300 euros online. La prensa se relamió, los clientes se esfumaron y la imagen quedó en ruinas. “Buscamos talento, no tramposos”, soltó el dueño, con la mirada perdida. Este engaño no es una travesura: es un delito que desvirtúa el valor empresarial y merece el rechazo social. Países como Reino Unido (desde 1997, con el Fraud Act) y Australia (desde 2001, con el Education Services Act) han tomado medidas: verificaciones obligatorias y penas de hasta 7 años por falsificación. En Sudáfrica, desde 2019, el National Qualifications Framework Amendment Act castiga a quienes mienten sobre títulos, tras casos como el de 10.000 funcionarios despedidos en Tanzania en 2017 por credenciales falsas.
Una empresa que ficha a un falso asesor laboral o a un supuesto médico sin formación, no solo arriesga su prestigio, sino que juega con la seguridad de todos.
Los títulos más falsificados entre 2023 y 2025 son Ingeniería (civil e informática), Medicina, Administración de Empresas y Derecho –especialmente asesores laborales–. Aquí la trampa es maestra: “he cursado Derecho” suena bien, pero oculta el abandono o la inexistencia de formación. Esto devalúa a quienes nos hemos partido el alma estudiando. La experta en recursos humanos María López lo dice sin rodeos en su libro Gestión del Talento: “El intrusismo es un puñal al esfuerzo honesto y a la credibilidad de las empresas”.
Cuatro ejemplos de engaño: en 1999, un falso médico en Nueva Zelanda operó durante años con un título comprado; en 2023, una mujer en Barcelona estrelló una campaña de marketing con un máster falso; en 2024, un “ingeniero” en Sevilla hundió un sistema informático; y en 2025, un asesor laboral en Málaga dio consejos absurdos con un “título” inventado. Consecuencias: un hospital en Texas (2003) pagó millones por negligencia de un impostor; una clínica en Bilbao cerró en 2024 tras un “cirujano” fraudulento; una startup en Valencia quebró en 2025 por un ciberataque evitable; y una pyme en Zaragoza perdió clientes en 2023 por una “experta” sin formación.
Y luego están las redes sociales: en LinkedIn, cualquiera presume de médico, arqueólogo o ingeniero. “Licenciado en Derecho por la vida”, dicen algunos, y los portales de empleo se llenan de vidas inventadas. Esto debería tener repercusiones: sanciones en plataformas, alertas a empresas, algo que frene la farsa. Porque, al final, el intrusismo no solo mancha la imagen empresarial –clientes que huyen, socios que desconfían–, sino que desprecia a los que sí nos esforzamos.
La solución está en esa base oficial: un registro voluntario, con números de titulación verificables, y castigos si no se exige tras contratación: al menos por situar al frente de un cargo representativo a quienes defraudan con sonrisas y falsas experiencias (que de esos ya sobran en política). No compres títulos, no inventes cuentos: el único currículum que brilla es el que puedes sostener con orgullo, no importa tu nivel, y si únicamente tienes un nivel humilde, hazlo brillar con sinceridad. ¡Somos quienes somos! Igual eres el mejor auxiliar administrativo que con espero ordena documentación, que el real ingeniero que con desgana crea ¿soluciones?
