¿Cómo afectaría la reducción de jornada a 37,5 horas a la productividad de las pymes?

La disminución de las horas de trabajo semanales que pretende sacar adelante el Gobierno suscita muchas dudas entre los distintos actores

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual y sin reducción de salario es, probablemente, la medida estrella del paquete de reformas laborales de calado en el que se encuentra inmerso el Gobierno. Entre los cambios que el Ministerio de Trabajo y Economía Social confía en sacar adelante a lo largo de este 2025, también se encuentran un nuevo sistema de registro horario, el incremento del salario mínimo –ya se verá si con o sin IRPF– o una revisión del derecho a la desconexión.

La reducción de jornada es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., rubricado el 20 de diciembre de 2024. Siete días después, el 27 de enero, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos tramitó con carácter de urgencia un Anteproyecto de Ley, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 4 de febrero.

Durante la presentación del Anteproyecto de Ley, la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se refirió al mismo como “un proyecto de país que servirá para modernizar España”. En cuanto a la reducción jornada, Díaz aseguró que “tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser más productivos y eficientes económicamente”.

40 horas desde hace 45 años

El Artículo 34 de Estatuto de los Trabajadores establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, y que el límite diario no podrá ser superior a nueve horas de trabajo efectivo. Por convenio colectivo es posible modificar este límite diario, siempre que se respete el tiempo de descanso entre jornadas.

En el caso de salir adelante las pretensiones del Gobierno, sería la primera vez que se modifica la duración de la jornada en más de 40 años. “Creemos que la reducción de jornada laboral debe tener una importante incidencia en la protección de la salud de las personas, en su adaptación a las necesidades de conciliación y el fomento de la corresponsabilidad y en el aumento de la productividad”, apunta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO. Si bien, desde este sindicato también mantienen reservas acerca de su viabilidad. “A pesar de conocer ya el anteproyecto, tenemos muchas dudas sobre cómo se va a aplicar, especialmente en las pymes y sectores como el comercio, la hostelería, sanidad, etc…”, indica García.

En el caso de salir adelante las pretensiones del Gobierno, sería la primera vez que se modifica la duración de la jornada en más de 45 años

Entre las razones que esgrime el Gobierno para justificar la futura ley está el hecho de que la digitalización y la revolución tecnológica hacen posible mantener altos niveles de productividad sin necesidad de trabajar tantas horas. «No se trata de echar horas en el trabajo, se trata de ser eficientes, y está demostrado que a partir de una permanencia en el puesto de trabajo la productividad no solamente no crece, sino que decrece”, argumentaba Yolanda Díaz.

Las PYMES, escépticas

Las asociaciones empresariales, sin embargo, no comparten esa visión. En junio pasado, CEPYME publicó un informe en el que analizaba el impacto que podría tener la reducción de la jornada laboral en las pequeñas y mediana empresas. En el mismo, la patronal recordaba que la jornada pactada ya se ha venido reduciendo de forma natural en la propia negociación colectiva a lo largo de los años, y aportaba un dato: de los 11,6 millones de asalariados afectados por convenios colectivos, con efectos económicos en 2022, solo el 7,9% (unos 925.000 asalariados) tiene pactadas jornadas de 39,5 horas o más. Y advertía: en las empresas en las que aun no ha sido posible reducir esa jornada, una imposición como la que pretende el Gobierno tendría “un impacto difícil de asumir”. Entre los más afectados, la hostelería, el comercio, las actividades inmobiliarias, la agroganadería, las actividades profesionales y técnicas y el transporte, sectores en los que más del 80% de los asalariados tiene pactadas jornadas de más de 37,5 horas semanales.

Hostelería, comercio, actividades inmobiliarias, agroganadería, actividades profesionales y técnicas y el transporte, los sectores que podrían verse más afectados por la reducción

CEPYME estima que la reducción de jornada a 37,5 horas conllevaría un coste asociado, en «una estimación conservadora”, de unos 42.400 millones de euros, cifra resultante de sumar 11.800 millones de coste directo por las horas de trabajo que se dejarían de trabajar, pero que se continuaría remunerando, más otros 30.600 millones del valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo.

Productividad en el alambre

La pregunta del millón es si las pymes serían o o capaces de mantener su productividad con esa disminución de jornada. El documento de CEPYME recuerda que las pequeñas y medianas empresas españolas siguen encadenando caídas en ese aspecto con las jornadas actuales. En el primer trimestre de 2024, por ejemplo, la productividad estaba un 3,3% por debajo que un año antes.

Omar Molina, director de Augusta Abogados, cree que para que la medida funcione será necesario mejorar la eficiencia e introducir tecnología para compensar esa reducción de horas.  “Muchas pymes ya están muy al límite en cuanto a recursos y márgenes. Si no se acompaña con medidas que faciliten la transición, como incentivos o ayudas (el Plan PYME, por ejemplo), la reducción de jornada puede traducirse en una mayor carga de trabajo para los empleados o incluso en recortes”.

Diálogo social incompleto

Uno de los grandes debes de este anteproyecto de ley es que no ha contado con el respaldo de las organizaciones empresariales. “Para que realmente funcionen y no queden en una simple imposición, estas medidas deberían ser un trabajo conjunto entre Gobierno, empresas y sindicatos”, reflexiona Omar Molina. Para este especialista en Laboral, la ausencia de consenso “puede generar tensiones en el tejido empresarial y una falta de compromiso por parte de las empresas en su implementación”.

Según Molina, la clave estará en la adaptación y en cómo se acompañe el cambio. “Para que la reducción de la jornada resultara exitosa, tendría que implementarse progresivamente a través de la negociación colectiva”. Porque, avisa, “si se hace de forma brusca, tal como está previsto (a finales de 2025), y dejando a cada empresa la responsabilidad de su implementación, lo más probable es que termine generando daños colaterales o incluso ajustes que perjudiquen más de lo que benefician”.

Más ‘hype’ que nueces

El revuelo creado ha hecho que ya circulen guías sobre la jornada laboral de 37,5 horas. Unos documentos que Estela Martín, dirCom de Sincro, calificaba hace unos días en un post en su perfil de LinkedIn como “temerarias”, “sensacionalistas” y fruto del gusto por “clickbait”. Esta periodista y abogada recordaba que hasta que los planes del Gobierno se materialicen en el BOE aun les queda un largo y nada sencillo camino por recorrer.  “Lo único que tenemos realmente sobre la mesa es la aprobación de un anteproyecto de ley”, recalcaba. Y agregaba: “dada la situación parlamentaria que tenemos, va a ser muy difícil que la medida se apruebe y, de aprobarse, es previsible que veamos numerosos cambios y enmiendas en su tramitación parlamentaria”.